Para ser honesta no pensaba escribir nada relacionado a los #PanamaPapers, pero es inevitable.

Empiezo diciendo que no he visto los 11 millones de documentos que sustrajeron de Mossak Fonseca, ¿ustedes si?

Por tanto, mi opinión no va dirigida a defenderlos, ni juzgarlos, ni condenarlos; pues no me consta lo que hay allí exactamente ni en el contexto en que se escribieron algunos de los escandalosos correos. Tampoco me consta la imparcialidad de la labor periodística del Consorcio Internacional de Periodistas para “desenmascarar” en exclusiva las operaciones de los “paraísos fiscales” y los PEP que encontraron mencionados en dichos documentos.

Este artículo va dirigido a conocer más sobre el régimen societario panameño y las sociedades offshore.

SomosPanama Vistas Marbella

Tantos las sociedades que realizan actividades en su país de registro o incorporación como aquellas que realizan actividades comerciales en un país distinto (conocidas como offshore) son personas jurídicas legales.

Panamá es pequeño en territorio, pero competitivo mundialmente en servicios legales, bancarios, fiscales y marítimos. Se trata de un mercado libre.

Si ves un vestido de noche en Felix, DI-VI-NO y cuesta $400, lo conversas con una amiga y te dice “oye, vi un vestido igual en Saks y costaba unos $80”. ¿Comprar el de Saks es ilegal?

Si un cliente quiere constituir una sociedad pero su jurisdicción parece un infierno fiscal, el sistema político y financiero de su país de origen es inestable o inseguro o el régimen es demasiado complicado, tiene derecho a evaluar otras opciones y el abogado que presta servicios offshore porque se ha tomado la tarea de conseguir alianzas estratégicas con colegas en otras regiones o ha establecido oficinas en distintas jurisdicciones está en capacidad de ofrecerle al cliente esa gama de opciones, en Panamá y en otras jurisdicciones. Esto no significa evasión fiscal ni blanqueo de capitales ni ejercicio ilegal de la abogacía.

Si ello fuese así, las legislaciones societarias y mercantiles a nivel mundial prohibirían a extranjeros constituir sociedades en su país o prohibirían que las sociedades incorporadas en ese país realizaran actividades comerciales en otros países. Parece un tanto ilógico en el mundo tan globalizado en el vivimos, ¿no creen?

¿Acaso es esto menos legal que el forum shopping en el derecho internacional privado? Práctica usual en el que el demandante escoge la jurisdicción que pueda resultar más favorable a sus intereses (mayor cobertura legal, sistema judicial más rápido o eficaz, costos de proceso más bajos).

Necesitamos cambiar el chip mundial de que Panamá es un paraíso fiscal.

Panamá es atractivo por múltiples razones. Entre ellas, la tributación es territorial, es decir que las sociedades pagan impuestos sobre la renta que generen en nuestro país. Las ganancias o utilidades que se obtengan o se realicen fuera del territorio de la República de Panamá no están gravadas de impuesto sobre la renta. Sin embargo, estas sociedades tienen la obligación de pagar la tasa única anual y cualesquiera otras tasas o impuestos que le apliquen durante su existencia legal. Por lo cual, sí es un ingreso para las arcas nacionales.

Este principio de tributación no significa que el país promueve la evasión fiscal, de hecho Panamá ha firmado y ratificado diversos tratados bilaterales de intercambio de información tributaria.

Nuestro Registro Público es PÚBLICO (valga la redundancia). Cualquier persona puede acceder a la información registral, realizar búsquedas e incluso ver las escrituras y documentos escaneados. A diferencia de otras jurisdicciones que la inscripción en el Registro es opcional o que no requieren presentar Pacto Social para su incorporación o que la información registral está completamente restringida, salvo que se pague una tarifa y/o la investigación la realice un intermediario residente en el país.

SomosPanama Canal

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó en febrero de 2016 que Panamá está en la lista de Jurisdicciones que ya no son sujeto del proceso de cumplimiento global en curso del GAFI para combatir el lavado de dinero y financiación del terrorismo (Jurisdictions no longer subject to the FATF’s on-going global AML/CFT compliance process).

Panama FATF
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html

Panamá

GAFI acoge con satisfacción el significativo progreso de Panamá en la mejora de su régimen para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y señala que Panamá ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir sus compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había detectado en junio de 2014. Por lo tanto, Panamá ya no es sujeto del proceso de supervisión del GAFI bajo su proceso de cumplimiento global en curso para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Panamá trabajará con el Grupo de Acción Financiero Latinoamericano (GAFILAT) a medida que continúa haciendo frente a toda la gama de asuntos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo identificados en su informe de evaluación mutua.”

Ahora hablemos un poco de la responsabilidad de los abogados panameños.

Hay que recordar que el abogado confía en la información que le proporciona su cliente y no se puede andar tratando a todo cliente que pega una llamada como si fuera lavador de dinero.

En fin… cuando el abogado constituye una sociedad le traspasa al cliente los documentos que necesita para empezar a operar y se libera de responsabilidad sobre los actos que ésta realice. Los servicios prestados como agente residente varían de acuerdo a la firma o al abogado.

Los abogados panameños nos regimos por un Código de Ética que dispone que: “el abogado debe actuar con irreprochable dignidad en el ejercicio de la profesión. El abogado debe cuidar con todo esmero de su honor, eludiendo cuanto pueda afectar su independencia económica, comprometer su decoro o disminuir la consideración general que debe siempre merecer”. Aunque algunos colegas no lo recuerden no significa que es ley muerta.

Nuestro Código de Ética también respalda el secreto profesional, pues es un negocio donde la confianza entre el cliente y su abogado es esencial.

“Es deber del abogado guardar los secretos y confidencias de su cliente. Este deber perdura aún después de la terminación de los servicios y se extiende a los empleados del abogado y ni éste ni aquellos podrán ser forzados a revelar tales confidencias, salvo que ello sea autorizado por el cliente…”

Es cierta la declaración del GAFI, Panamá ha trabajado arduamente en los últimos años para blindar el sistema bancario, financiero y jurídico, adecuándolo a estándares internacionales en materia de anti lavado.

En el 2010, Panamá se incorpora como miembro de GAFILAT.

En el 2011, Panamá promulga una ley que les exige a los abogados que prestan servicio como agentes residentes que realicen una debida diligencia o due diligence para conocer a su cliente, incluyendo directores, dignatarios, apoderados, accionistas y beneficiarios finales que estén detrás de la persona jurídica. Ardua tarea, especialmente para sociedades ya existentes y de vieja data.

El año pasado, en el 2015, Panamá promulga una serie de leyes para prevenir el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; en la cual se dictan normas y medidas para otros sectores no financieros que por sus actividades puede ayudar a combatir y mitigar estos delitos: abogados, contadores, casas de empeño, zonas francas, entre otros. Ya los abogados no sólo debemos hacer due diligence cuando somos agentes residentes, sino cuando un cliente quiere comprar un inmueble, cuando prestemos el servicio de directores y dignatarios nominales, entre otras servicios.

Además, se creó la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y Profesionales como entidad reguladora y fiscalizadora de estos profesionales y organizaciones no financieras.

Con estas leyes, la República de Panamá, siguiendo guías internacionales, exige que el abogado pase de ser vigilante (gatekeeper) a informante (whistleblower), a fin de prevenir el blanqueo de capitales; ya que dentro de las múltiples obligaciones en materia de cumplimiento se incluyen reportes periódicos de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El blanqueo de capitales es dar a los bienes adquiridos de forma ilícita apariencia lícita, introduciéndolos o mezclándolos en la economía. No se puede pretender que el abogado pueda identificar dentro del patrimonio de su cliente cuál dinero es lícito y cuál es el de procedencia turbia, si hasta a los bancos les cuesta esta identificación.

No es con ánimos de eximir nuestra responsabilidad, sino que entendamos que es un trabajo de todos, un trabajo en conjunto, no sólo señalar a los abogados por el ejercicio normal y habitual de la profesión.

Cuesta guardar proporciones, pero no podemos juzgar a todo un país por una firma de abogados en un país. No podemos castigar y despotricar a un país por algunas personas que buscan enriquecerse a cualquier costo. Hasta donde yo sé los delitos no son exclusivos de una nacionalidad o un territorio.

Quizás a nuestra legislación le faltaba rigidez. Quizás nos faltaba adecuarnos a las exigencias internacionales. Pero es un tema global, no sólo de Panamá. El trabajo continúa aunque algunos quieran pisotear lo que hemos logrado… ¿#PanamaPapers?… No. Panamá Cumple.

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