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La Esquinita Legal

Blog de Derecho y Negocios por Ana Carolina Ureña

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jurídico

¿Sabes si es Competencia Desleal?

Ayer amanecimos con una de esas desagradables noticias, un grupo de taxistas cerraron una calle sumamente transitada de la ciudad para protestar contra Uber.

Según los diarios, el discurso de ayer hacía alusión a que se respeten sus derechos como trabajadores (aunque sean concesionarios del Estado), que han sufrido pérdidas económicas y que se han reducido las carreras al aeropuerto.

Si recordamos hace unas semanas el estandarte de la protesta era sobre “competencia desleal”. Lo cual me extrañaba porque pensaba, ¿cómo se puede comparar un servicio y el otro? Uno emana del sector público, el otro pertenece al sector privado, no hay dolo ni engaño, el target market es distinto y el que ha usado ambos transportes podrá listar la gran cantidad de diferencias entre ambos.

Taxistas Panamá vs. Uber #PanamaNoPara
Taxistas vs. Uber – Fotos: Twitter @giselita31/ Ana Carolina Ureña

Entonces me puse a pensar, ¿será fácil distinguir cuando hay competencia desleal, según la Ley? ¿Sabe el comerciante qué hacer? ¿Sabe cómo defenderse o accionar legalmente?

Y disculpen que deje el drama “taxis vs. Uber” a un lado (tema que deberían resolver las autoridades competentes), para enfocarme netamente en el sector privado.

LIBRE COMPETENCIA.

Lo primero que debemos manejar es qué se entiende por libre competencia. Puede definirse como “la libertad que debe existir en un mercado para que los participantes, tanto consumidores como productores y proveedores, realicen transacciones comerciales propias de la oferta y la demanda en un ambiente justo y equitativo.”

La Ley 45 de 31 de octubre de 2007 que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia (en adelante Ley 45/2007) lo define como “la participación de distintos agentes económicos en el mismo mercado pertinente, actuando sin restricciones ilícitas en el proceso de producción, compra, venta, fijación de precios y otras condiciones inherentes a su actividad económica.”

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Vistazo a las Empresas Familiares

Familia… Yo crecí con la definición de que familia es “la unidad básica de la sociedad”. La RAE lo define como “Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje”. Entonces no resulta extraño que al iniciar una empresa, uno se incline por asociarse con miembros de su familia. Igualmente, existen numerosas empresas familiares en el mercado, de todas las edades y todos los tamaños.

Ahora bien, las empresas familiares necesitan entender que si quieren perdurar en el tiempo, no pueden tratarse como cualquier sociedad anónima. Deben procurar pensar, desarrollar e implementar mecanismos que aseguren el traspaso de generación a generación sin que se pierda el patrimonio en el camino. Crear un programa estratégico familiar.

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Registro de Ofertas Públicas: Marco Legal a la luz del Acuerdo No. 2-2010

El mercado de valores en Panamá está regulado por el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011, sus modificaciones y reglamentos. También forman parte de la legislación bursátil panameña los Acuerdos, Opiniones y Resoluciones Administrativas que emita la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá (en adelante “SMV”). En esta ocasión me centraré en el marco legal del registro de valores objeto de oferta pública, contenido en el Acuerdo No. 2-2010 de 16 de abril de 2010 (G.O. 26548-B).

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SMV/www.supervalores.gob.pa

Toda empresa que quiera emitir valores para cotizar en la Bolsa de Valores de Panamá (en adelante “BVP”) debe registrar la emisión ante la SMV, quienes tienen la misión de supervisar y auditar que el emisor comunique absolutamente todo lo que pueda ser de interés del inversionista, previo a la oferta pública.

La Ley de Valores de Panamá define “valor” como: “Todo bono, valor comercial negociable u otro título de deuda, acción (incluyendo acciones en tesorería), derecho bursátil reconocido en una cuenta de custodia, cuota de participación, certificado de participación, certificado de titularización, certificado fiduciario, certificado de depósito, cédula hipotecaria, opción y cualquier otro título, instrumento o derecho comúnmente reconocido como un valor o que la Superintendencia determine que constituye un valor.”

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